El pasado 31 de marzo, Marta Sumelzo, una de nuestras profesoras de Primaria, fue invitada a participar en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se proponía la aprobación de una moción en apoyo de la escuela concertada. Como estaba previsto, la moción no salió adelante. Pero eso no impidió que Marta se expresara con meridiana claridad y un aplomo impropio de una chica de su edad. Habló del carácter social de nuestro colegio, siempre abierto a todas las familias del barrio de Las Fuentes y le recordó al Sr. Consejero de ZEC, D. Fernando Rivarés que, por si no lo recordaba, él también se educó allí. https://www.youtube.com/watch?v=FZFdcQZolFk

Tras ella, intervino en el pleno alguien que dijo «le tocaba defender a la escuela pública» y le echó en cara que en nuestro colegio sólo teníamos un 3% de alumnos ACNEs mientras que en el colegio público de al lado, el Julián Sanz Ibáñez, el porcentaje ascendía a no sé cuanto. Y que, por lo tanto, quedaba demostrado que la escuela concertada segregaba. Una acusación que los chicos de la CGT reiteraron al terminar el pleno acosando a los nuestros con las desfasadas estadísticas en la mano que les había proporcionado la Sr. Consejera. Con muy malos modales, por cierto.

La segregación de derecho no existe en nuestro sistema educativo por la sencilla razón que la normativa de admisión es la misma para los centros públicos que para los concertados.

Sí que se da una segregación de hecho que se puede dar en colegios concertados por el mayor coste de los servicios complementarios: comedor, transporte, atención matinal, uniforme, servicio médico…; o por el de la actividades complementarias o extraescolares. Hay que decir que los públicos también cobran por todo eso. Pero cabe admitir que este hecho puede disuadir a algunas familias de solicitar plaza en un centro concertado. No me detengo en esto, pues hay bastante literatura sobre el tema.

Pero en lo que no reparamos es en efecto segregador que de hecho ha tenido la política educativa de la Administración. Especialmente la administración PSOE. ¿Es que nadie se acuerda de que durante años y años los alumnos de la concertada no tuvieron derecho a la beca de comedor? Cualquier familia de nuestro barrio, por muy humilde que fuera, lo sabía perfectamente y no tenía otro remedio que llevar a sus hijos a un colegio público. Por si fuera poco, los alumnos de la pública tenían derecho a refuerzo escolar gratuito, mientras que en nuestro centro en vano reclamábamos que se nos ofrecieran los mismos medios que a nuestros vecinos.

Es justamente esta discriminación sistemática y prolongada la que ha hecho posible la aparición de guetos educativos en nuestro barrio. Y la prueba más evidente de lo que afirmo es que, desde el momento en que la Administración universalizó el derecho a las becas (Administración del PP por cierto), hasta los musulmanes prefieren un colegio católico que uno público. Entiendo muy bien el malestar de los detractores de la concertada y sus manejos y malas artes para hacernos desaparecer progresivamente.

Si los colegios públicos Julián Sanz Ibáñez o Marcos Frechín, por poner los casos más representativos en nuestro barrio, se han convertido en guetos educativos no es porque nosotros segreguemos, sino porque la Administración lo ha promovido con una determinada política educativa. Y si el Departamento de Educación fuera responsable y realmente se dedicara a la planificación educativa, como tanto cacarea, tomaría medidas en el asunto. No hay derecho a esta segregación. Todos los alumnos de esos dos centros tienen plaza en el resto. Y nosotros, encantados de acoger y trabajar por la gente más humilde y por la integración de todos. Como hemos hecho siempre. Como todo el mundo sabe, salvo los chicos de la CGT, que no se enteran.

Pero, claro, la izquierda tiene sus propios dogmas. Antes permitir la segregación que cerrar un colegio público.