«Más de 30.00 alumnos tendrán beca de comedor o material el curso que viene». Es el titular de Heraldo de Aragón del pasado viernes, 14 de julio: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/07/14/aumenta-ligeramente-numero-beneficiarios-becas-comedor-libros-1186846-300.htmlhttp://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/07/14/aumenta-ligeramente-numero-beneficiarios-becas-comedor-libros-1186846-300.html

No seré yo quien ponga la más mínima objeción a la necesidad de estas ayudas. Mucho menos cuando hoy mismo el Heraldo aportaba el dato de que cerca de 3.000 futuros beneficiarios son niños de familias sin ingresos: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/07/18/cerca-000-ninos-con-beca-comedor-son-familias-sin-ingresos-1187281-300.html

Sí que he de reconocer, sin embargo, que no comparto de ninguna manera ese aire triunfalista con el que se cuentan estas noticias, pues evidentemente deslizan un juicio de valor de clara intencionalidad política. 30.000 es una cifra redonda. Tan redonda que pudiera parecer que la DGA está dando de comer a una ingente cantidad de personas. Cuando uno lee el cuerpo de la noticia cae en la cuenta de que las becas de comedor concedidas son exáctamente 11.554 frente a las 18.366 de material curricular. Luego no son ni de lejos 30.000.

Me gustaría hacer tres consideraciones al respecto.

La primera, manifestar mi escepticismo sobre si, con un criterio profesional de acción social, es ésta la fórmula idónea de ayuda familiar. En un sentido, porque  se vuelve a cargar sobre la escuela de forma indiferenciada una cuestión social más allá de sus estrictas competencias educativas y docentes. En otro, porque los recursos destinados a la manutención del medio día de un solo miembro de la familia en períodos lectivos (ahora también en verano) podrían ser mucho más eficaces si se aplicaran en forma de ayuda familiar, según opinan algunos trabajadores sociales que conocen bien la situación por la que atraviesan muchas de esas familias.

La segunda. No es verdad que la ayuda cubra el 100% del precio del servicio, como todo el mundo se empeña en repetir, comenzando por el Director General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación. Las becas cubren el tanto por ciento del servicio que la Administración educativa ha decidido. Y la prueba es que el importe de la beca no alcanza para la totalidad del coste de la plaza de comedor en la concertada: 86,00 € de beca para un coste de 99,50 € en nuestro Colegio, por poner un ejemplo. Para todos los alumnos de la concertada la beca de comedor no cubre el 100% del precio del servicio. Pero no se crean que es por aquello de que la razón de ser de la concertada es hacer negocio, como tantas veces, de forma injusta, se nos echa en cara, porque en la pública tampoco la beca cubre el 100% del precio del servicio. Otra cosa es que la diferencia la estemos pagando entre todos de forma encubierta. Por favor, si no estoy en lo cierto en esta apreciación, que alguien me saque mi error. Se lo agradeceré.

Tercera y última. En este tema, los datos y su interpretación se cuentan según el argumento comparativo de fondo de que, frente a las políticas antisociales del PP, el PSOE muestra un evidente perfil progresista, donde prima el criterio de equidad frente al trasnochado individualismo del sálvese quien pueda. Reconozco la sensibilidad de este gobierno del PSOE  por la educación y el enorme esfuerzo presupuestario que supone dotar de forma suficiente estas partidas. Nada que objetar. Pero también digo que, cada vez que se me argumente en forma comparativa y, por tanto, con intencionalidad política, no tendré empacho alguno en repetir una y otra vez a quien quiera escuchar que en ninguno de los doce años de las tres legislaturas del presidente Marcelino Iglesias los alumnos de la concertada tuvieron derecho alguno de recibir estas ayudas y que fue un gobierno del PP el que hiciera extensivo este derecho a todos los alumnos que cumplieran los requisitos, que, por cierto, no son pocos en la concertada (otro día lo cuento). Éste y otros muchos derechos ligados a recursos educativos que invariablemente llevaban, y curiosamente en esta legislatura vuelven a llevar, el sello de «solo para la pública». O bien, de forma eufemística, programa «experimental».  Y eso se llama discriminación. Pero no contra la concertada, sino contra los derechos sociales de los ciudadanos.

En fin, que me alegro mucho por lo que significan estas ayudas para las familias. También de que el actual ejecutivo haya respetado el derecho que asiste a los alumnos de la concertada en este tema. Pero ninguna concesión por mi parte a la más mínima demagogia oportunista de signo político. No son mejores por hacer lo que, sencillamente, es su obligación. Ni más generosos por distribuir equitativamente unos recursos que aportamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.