Los primeros días de noviembre marcan el calendario escolar de nuestros centros porque es justo ahora cuando hemos de presentar a la Administración la Programación General Anual (PGA), en este caso la del curso 2017-18.

Se trata de un documento institucional complejo, tanto por la variedad de puntos que contempla como por las personas y órganos escolares que intervienen en su elaboración: objetivos, estrategias, planes de mejora, organización, formación del profesorado, evaluación…

Los equipos directivos, a partir de la memoria del curso anterior, nos hemos de emplear a fondo durante los dos primeros meses de curso en la ineludible tarea de organizar el centro. Fecha tope, el 20 de octubre.

Por eso nos ha sorprendido tanto en esta ocasión que el Departamento de Educación nos requiriera para que antes del 7 de septiembre, transcurridos tan apenas cuatro días habiles de curso, le presentásemos por adelantado uno de los 14 puntos de los que consta la PGA: el relativo al Plan de actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios. La pretensión es bien insólita, por cuanto ese plan no deja de ser un punto que cuelga necesariamente de la programación curricular principal y, por tanto, no se puede definir sino después de haber fijado ésta. Elemental razón pedagógica.

Cabría interpretar este celo de la Administración como la muestra de un repentino interés por lo pedagógico. No se hagan ilusiones. La verdad es que el mencionado plan es el único apartado de la PGA en el que aparecen cifras económicas: las de los precios de las actividades y los servicios que el Consejo Escolar del Centro aprueba. Lo primero de todo los precios, «que estos de la concertada, ya se sabe». De los otros 13 puntos «ya nos ocuparemos más adelante», debieron pensar. De momento, control preventivo.

Todo esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque tras la errática maniobra descrita se adivina, una vez más, la razón política. Después de lo acontecido en primavera con ocasión de la renovación de los conciertos y en verano, tras la aprobación del incremento del presupuesto autonómico para la concertada gracias a la abstención de Podemos, ya no nos sorprende el pago de este tipo de peajes. ¿Qué sentido tiene, si no,  exigirnos algo que contradice el sentido común y el rigor en el trabajo docente? Ninguno, salvo el de la razón política. La política tiene razones que la pedagogía no entiende.

Cuando en el mes de abril, la Directora provincial comunicó a la Comisión de conciertos el número y el nombre de los colegios a los que se les iba a reducir el concierto, no se presentó ni un solo informe técnico por parte de la inspección educativa que aconsejara esa medida. Se impuso una vez más la razón política.

En un tiempo en el que se hace más necesaria que nunca la dignificación del ejercicio de la política no vendría mal recordar que, además del tremendo problema que representa la corrupción en lo público, nuestra sociedad se enfrenta también a la insoportable y permanente intromisión de la razón política en el ámbito de las libertades ciudadanas y de la sociedad civil. La lucha por limitar y poner freno a esa pretensión totalitaria será en los próximos años la máxima expresión de la defensa de nuestro sistema democrático.