Es ya costumbre que al comienzo del curso escolar el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón haga declaraciones al más alto nivel en los medios enumerando los principales logros del sistema educativo aragonés y dé publicidad a las novedades y a las cuestiones más relevantes. Curiosamente nunca se menciona en este apartado a la enseñanza concertada. Como si no existiera. Como si el compromiso de la misma en la escolarización y educación del 30 % de los alumnos aragoneses no tuviera el más mínimo interés al lado de lo conseguido para «sus centros», los que sí cuentan. Como si la Administración solo representara a sus centros y no a toda la educación aragonesa.

La cuestión es bien sorprendente, justo en un curso escolar en el que, tras el reciente proceso de escolarización, se puede hablar de un éxito rotundo de la enseñanza concertada. Podríamos poner muchos ejemplos. Pero por no hablar de oído, ya que la Administración educativa guarda celosamente los datos que no le interesa que se conozcan, me referiré a uno que puedo constatar de manera fehaciente.

En nuestro barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, hubo en el mes de abril 200 solicitudes de escolarización para 1º de Infantil, de las que casi la mitad (97) correspondieron al Colegio Santo Domingo de Silos. Las 103 restantes se repartían entre los 4 colegios públicos que se ubican en el barrio: Julian Sanz Ibáñez, Marcos Frechín, Torre Ramona y Las Fuentes. Es decir, la mitad de la población de las Fuentes con hijos en edad escolar elige la Concertada. Y esto si contar las solicitudes de Marianistas Bajo Aragón, pero eso sería ya otra cuenta.

Cabe aducir muchas y variadas razones que expliquen el fenómeno, y seguramente cada cual nos aferramos a las nuestras. Por eso no voy a entrar en un ejercicio ingenuo de arrimar el ascua a mi sardina. Sólo diré que la Administración está seriamente preocupada por este hecho, y lo entiendo. Tal es así que hace ya mucho tiempo está tomando decisiones de calado siguiendo una doble estrategia:

Primero, gastando más fondos públicos en la Pública. Muchos fondos. De hecho, ellos mismos presumen a todas horas de lo que se han gastado en educación en estos tres años de legislatura: construcción de más colegios, financiación de programas educativos privativos de la pública, apertura de escolarización anticipada gratuita de alumnos de dos años, reducción de la carga lectiva del profesorado de la pública, mejor tratamiento laboral de los profesores interinos de la pública … Por perras será, que dicen en mi pueblo.

Segundo, copiando el modelo de éxito de la Concertada. Qué, si no, significa la puesta en marcha de los «centros integrados»,  donde, además de la evidente razón de un mejor aprovechamiento de los espacios escolares para hacer frente a la fluctuación de las necesidades de escolarización, lo que en el fondo se persigue es la reproducción del modelo de la concertada en el que los padres ven gran ventaja en que sus hijos estén escolarizados en el mismo centro en todas las etapas educativas sin tener que salir a los doce años al instituto. Les ha costado darse cuenta. Nosotros, satisfechos de que nos copien si eso redunda en la mejora del sistema educativo aragonés.

Lo mismo cabría decir de esos incipientes y tímidos contratos de profesores en el mundo rural por tres años, conocedores como son de que uno de los puntos fuertes de la Concertada es la estabilidad de las plantillas y, por tanto, de los proyectos a medio y largo plazo y la cohesión en el tiempo de los equipos docentes.

Sigan por ese camino, que van bien.

Pero no se engañen. Hay un punto diferencial que es imposible trasladar a la pública y que tiene que ver con nuestra visión del ser humano y del mundo. Se trata del carácter católico de nuestros centros. Y como de eso ustedes no quieren ni oír hablar y, en todo caso, piensan que se trata de una cuestión que cuenta muy poco en la elección de centro, entiendo que finalmente, ante la sospecha de que con todo lo que están inventando y con todo el dinero del contribuyente que están dilapidando no van a obtener los resultados deseados, lo que pretendan es ni más ni menos que acabar con la legalidad vigente y borrar de un plumazo el criterio de la «demanda social» del artículo 109.2 de dos leyes orgánicas (la LOE y la LOMCE) y, quien sabe, si un día, con la ayuda necesaria de otros socios para tal empresa, eso sí, reformar el artículo 27 de la Constitución Española para que ya nunca, por siempre jamás, se pueda invocar en estas tierras el principio de la libertad de enseñanza.

Mientras tanto tendrán que seguir aguantándonos y soportando con resignación el éxito de la Concertada.