Una de las cosas que más me llamó la atención recien aterrizado en los entresijos del mundo de la educación, de esto hace ya unos años, fue la denominación de nuestros colegios como centros sostenidos con fondos públicos.

Y como quiera que esto se decía por igual tanto de los públicos como de los concertados, comencé a fraguar para mis adentros una cierta restricción mental sobre el tema. De manera que he ido adquiriendo la certeza de que tal vez en el caso de los públicos la denominación fuera la apropiada en sentido estricto, pero desde luego no en el caso de los concertados que he conocido. Y así, de manera casi refleja, cada vez que se repite la expresión centros sostenidos con fondos públicos yo siempre añado para mis adentros el concepto parcialmente sostenidos. Y sé de lo que hablo.

Por eso me satisface enormemente el informe elaborado por los profesores de la Facultada de Economía de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), publicado el 17 de julio de 2018, que lleva por título Análisis de la partida de «Otros gastos» del módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de los Centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Informe que fue presentado a los centros el pasado 20 de septiembre por los autores del estudio: Susana Callao Gastón, José Ignacio Jarne Jarne y José Antonio Laínez Gadea.

Un riguroso estudio estadístico elaborado con los datos oficiales aprobados por la Administración de 80 colegios concertados de Aragón a lo largo de cinco cursos escolares, los que van del 2012-13 al 2016-17.

Los resultados son demoledores. Estamos hablando de déficits medios generalizados de 5.000,00€ por aula/año en los niveles de Infantil y Primaria. Los autores del estudio todavía no salen de su asombro.

Y, sin embargo, es éste un dato de sobra conocido por la Administración educativa y una y otra vez auditado en distintos centros por la Intervención General del Estado. Lo más curioso del caso es que, comprobado que todo está en orden, nadie diga publicamente una palabra oficial que refleje la situación real de nuestros centros. Algo que no ocurre tampoco cuando algún grupo político habla sin pudor alguno «del negocio de la concertada». El mismo Gobierno de Aragón se permitió a comienzo del curso pasado enviar una carta a los padres de nuestros alumnos firmada por la Consejera en la que se explicaba lo que la Administración nos daba a los centros, omitiendo descaradamente el capítulo de gastos y recomendando a las familias que no se les ocurriera pagar cantidad alguna al Colegio.

Es decir, ni se financia a los centros debidamente, ni se facilita que los centros obtengan los recursos necesarios para enjugar el déficit estructural que esta situación provoca. El incremento del módulo de financiación de los conciertos es prácticamente insignificante desde hace años. Y eso que la disposición adicional vigesimosegunda de la LOE (2006) instaba la constitución de una comisión «para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad». Comisión que en estos 12 años ni siquiera se ha convocado.

Para colmo, no en todas autonomías pasa lo mismo. El estudio hace una comparativa en base a la financiación de los módulos de concierto. Por supuesto que Aragón está a la cola en financiación. Muy por debajo incluso de Ceuta y Melilla, territorio MEC.

Los resultados del estudio serán seguramente presentados a los partidos políticos aragoneses con vistas a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Entiendo que hay que hacerlo, pero no cabe esperar mucho de los que, conociendo desde hace tiempo la situación, ni han estado dispuestos, ni creo que lo estén ahora, a mejorar la financiación de la concertada. Les va mucho en ello.

Mientras, tanto a mí como a muchos de los que creemos en la iniciativa social en educación, nadie podrá impedirnos pensar, y más ahora a la luz de los datos del estudio, que nuestros concertados en Aragón son centros solo parcialmente sostenidos con fondos públicos.