El aula 313 de Primaria se llenaba la semana pasada con los padres de los alumnos seleccionados para participar en un programa de refuerzo y orientación en el aprendizaje que lleva por nombre AUNA. Un programa oficial del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en el que por vez primera van a poder participar 15 alumnos de nuestro centro entre 4º y 6º de Primaria. Noticia que celebramos por todo lo alto y de la que nos alegramos profundamente.

Ni qué decir tiene lo decisivo que resulta para un centro escolar como el nuestro el contar con los recursos necesarios para atender como se merecen y tienen derecho los alumnos más desfavorecidos. El objetivo del programa es trabajar con alumnos que presentan desfase curricular en las áreas troncales y requieren acompañamiento y mejora de hábitos de trabajo.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido posible tras la resolución de 4 de octubre de 2018 firmada por el Director General de Innovación, Equidad y Participación, que así se llama esta dirección general, por la que se nos autoriza a iniciar el programa en este curso escolar.

La cosa no tendría más relevancia si, en la misma fecha, por el mismo Director General y con el mismo objetivo, no hubiera aparecido otra resolución con el añadido «en el marco del Programa Educativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020″, fondo del que parece estar excluida la escuela concertada en cuanto que esta última resolución a la que me refiero solo es para la escuela estatal. Es decir, el mismo programa y el mismo objetivo, pero esta vez con dotación económica para la pública.

Y el agravio no está solo en la retribución salarial complementaria que puedan recibir los docentes de la pública que participen en el programa, que ya es grave, sino en que además, en el caso de la concertada, las cinco horas semanales que necesita cada grupo han de salir de la dotación horaria ordinaria del centro, por lo que las horas que ganamos para el AUNA las perdemos de otros apoyos ordinarios y específicos en horario lectivo, mientras que en la pública a los alumnos se les atiende sin menoscabo de esos otros apoyos referidos.

¿Es o no es ésta una situación que vulnera el principio de equidad del que tanto presume nuestro Gobierno? O me lo explican muy bien o en este caso, una vez más, yo solo veo que en nuestra comunidad autónoma los poderes públicos siguen empeñados en tratar como ciudadanos de segunda a los alumnos y las familias que no han elegido un centro de titularidad estatal. Una vez más, alumnos y familias de la concertada se han de conformar con ser simplemente ciudadanos de segunda.