El pasado 19 de mayo, el Sr. Presidente del Gobierno de Aragón, D. Javier Lambán, contestaba en sede parlamentaria (a algo que, por cierto, no se le había preguntado) que «si los jueces consiguieran su propósito de impedir dejar de concertar 13 aulas, le costaría a las finanzas aragonesas 10 millones de euros, exactamente lo que cuesta hacer dos escuelas públicas”(cadenaser.com/emisora/2017/05/19).

He de confesar que llevo un rato dándole vueltas y no consigo entender exactamente cómo está hecho el cálculo. Lo de las dos escuelas públicas sí, lo entiendo: a 5 millones cada una. Pero, ¿las otras cifras? ¿Estamos hablando de 13 aulas o de 7? ¿La financiación del módulo de concierto por cada unidad de Infantil o de Primaria seguirán siendo 37.500,00 €, euro arriba, euro abajo? ¿O es que nos tenemos que alegrar por una desproporcionada subida de la financiación de la que no teníamos noticia? ¿Y el Gobierno de Aragón seguirá recibiendo esas cantidades de la consignación del Estado a través de los Presupuestos Generales? Entonces, si el Gobierno de Aragón lo recibe del Estado ¿a cuento de qué tanta preocupación por el estado de las finanzas aragonesas tras el obligado cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, cuando los ha dictado, será porque entenderá que algún derecho ciudadano está seriamente amenazado?

Puestos a preocuparnos por las finanzas aragonesas, la pregunta que me yo me hago ahora es cuánto nos cuesta la enseñanza pública. Porque de la concertada sí que sabemos (37.500,00 €/unidad/año), pero ¿y de la pública?

Lo primero que tengo que decir es que no estoy de acuerdo con esa afirmación que ha calado últimamente en el debate social de que la plaza escolar en la pública le cuesta al Estado el doble que en la concertada. En eso, le doy la razón al Gobierno. Y eso que, en Aragón, el presupuesto para la escuela concertada, que escolariza al 25% de los alumnos de la Comunidad, ronda los 150 millones de euros, mientras que el del Departamento de Educación se sitúa en el entorno de los 1.000,00 millones. Entiendo que la cuenta no es tan simple, aunque solo sea por el elevado coste de la escolarización en el diseminado mundo rural, y que hay otros muchos factores difíciles de cuantificar.

Pero, dicho esto, ¿Cuál es el coste real de la plaza escolar en la pública? ¿Alguien lo sabe? Si tan histéricos se ponen nuestros dirigentes cuando escuchan el argumento simple del coste comparativo ¿por qué no se apresuran a sacarnos de nuestra ignorancia? De verdad, que me gustaría conocer ese dato: el coste real de la plaza en la escuela pública.

Me gustaría saber, por ejemplo, cuánto más que en la concertada cobran los profesores en las distintas etapas. Y no es porque me parezca mal que cobren más, seguramente lo valen; pero tenemos derecho a saber cuánto nos cuesta esa supuesta superioridad competencial del profesorado de la pública; y a saberlo porque hay alguien autorizado que nos lo cuente. Lo mismo cabe decir de la comparativa de las jornadas laborales. Me gustaría saber cuánto nos cuestan año tras año esos programas exclusivos de la pública con los que el Departamento trata de reflotar colegios inviables. Por ejemplo, cuánto nos va a costar la escolarización experimental gratuita de niños de dos años. Me gustaría que algún representante de la Administración explicara a la opinión pública, a ser posible con gráficas de colores, cuál es exactamente la sobredotación de especialistas de Infantil y Primaria de la pública en relación con la concertada. Me gustaría que nos contaran cuánto nos cuesta tener año tras año aulas abiertas en colegios públicos de Zaragoza capital con 10 o menos alumnos, cuando al colegio de al lado le niegan el concierto por no llegar a 23. Me gustaría saber …

Para empezar no está mal con las preguntas expuestas. Todas ellas apuntan a la necesidad de un ambicioso programa de trasparencia democrática. He de reconocer que en algún momento estuve tentado de iniciar el estudio por mi cuenta, pero no es mi cometido. Y, además, me da mucha pereza. ¿Por qué tengo que ser yo quien lo explique cuando es el Gobierno de Aragón el que tiene la responsabilidad de hacerlo? La responsabilidad, la capacidad y la obligación. Y, si necesitan ayuda, que echen mano de los chicos de la CGT, que son listos como nadie para el estudio y presentación pública de datos y estadísticas. Que se organicen como les parezca. Pero yo, como ciudadano y contribuyente, exijo a la Administración esta información y espero que a este deseo se unan cada vez otros muchos ciudadanos con derecho a conocer la verdad de lo que nos afecta. Diez millones son mucho o son poco dependiendo de con qué se compare. Y puestos a comparar, nos faltan muchos datos.

Somos todo oídos.