Una de las cosas que más me llamó la atención recien aterrizado en los entresijos del mundo de la educación, de esto hace ya unos años, fue la denominación de nuestros colegios como centros sostenidos con fondos públicos.

Y como quiera que esto se decía por igual tanto de los públicos como de los concertados, comencé a fraguar para mis adentros una cierta restricción mental sobre el tema. De manera que he ido adquiriendo la certeza de que tal vez en el caso de los públicos la denominación fuera la apropiada en sentido estricto, pero desde luego no en el caso de los concertados que he conocido. Y así, de manera casi refleja, cada vez que se repite la expresión centros sostenidos con fondos públicos yo siempre añado para mis adentros el concepto parcialmente sostenidos. Y sé de lo que hablo.

Por eso me satisface enormemente el informe elaborado por los profesores de la Facultada de Economía de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), publicado el 17 de julio de 2018, que lleva por título Análisis de la partida de «Otros gastos» del módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de los Centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Informe que fue presentado a los centros el pasado 20 de septiembre por los autores del estudio: Susana Callao Gastón, José Ignacio Jarne Jarne y José Antonio Laínez Gadea.

Un riguroso estudio estadístico elaborado con los datos oficiales aprobados por la Administración de 80 colegios concertados de Aragón a lo largo de cinco cursos escolares, los que van del 2012-13 al 2016-17.

Los resultados son demoledores. Estamos hablando de déficits medios generalizados de 5.000,00€ por aula/año en los niveles de Infantil y Primaria. Los autores del estudio todavía no salen de su asombro.

Y, sin embargo, es éste un dato de sobra conocido por la Administración educativa y una y otra vez auditado en distintos centros por la Intervención General del Estado. Lo más curioso del caso es que, comprobado que todo está en orden, nadie diga publicamente una palabra oficial que refleje la situación real de nuestros centros. Algo que no ocurre tampoco cuando algún grupo político habla sin pudor alguno «del negocio de la concertada». El mismo Gobierno de Aragón se permitió a comienzo del curso pasado enviar una carta a los padres de nuestros alumnos firmada por la Consejera en la que se explicaba lo que la Administración nos daba a los centros, omitiendo descaradamente el capítulo de gastos y recomendando a las familias que no se les ocurriera pagar cantidad alguna al Colegio.

Es decir, ni se financia a los centros debidamente, ni se facilita que los centros obtengan los recursos necesarios para enjugar el déficit estructural que esta situación provoca. El incremento del módulo de financiación de los conciertos es prácticamente insignificante desde hace años. Y eso que la disposición adicional vigesimosegunda de la LOE (2006) instaba la constitución de una comisión «para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad». Comisión que en estos 12 años ni siquiera se ha convocado.

Para colmo, no en todas autonomías pasa lo mismo. El estudio hace una comparativa en base a la financiación de los módulos de concierto. Por supuesto que Aragón está a la cola en financiación. Muy por debajo incluso de Ceuta y Melilla, territorio MEC.

Los resultados del estudio serán seguramente presentados a los partidos políticos aragoneses con vistas a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Entiendo que hay que hacerlo, pero no cabe esperar mucho de los que, conociendo desde hace tiempo la situación, ni han estado dispuestos, ni creo que lo estén ahora, a mejorar la financiación de la concertada. Les va mucho en ello.

Mientras, tanto a mí como a muchos de los que creemos en la iniciativa social en educación, nadie podrá impedirnos pensar, y más ahora a la luz de los datos del estudio, que nuestros concertados en Aragón son centros solo parcialmente sostenidos con fondos públicos.

Es ya costumbre que al comienzo del curso escolar el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón haga declaraciones al más alto nivel en los medios enumerando los principales logros del sistema educativo aragonés y dé publicidad a las novedades y a las cuestiones más relevantes. Curiosamente nunca se menciona en este apartado a la enseñanza concertada. Como si no existiera. Como si el compromiso de la misma en la escolarización y educación del 30 % de los alumnos aragoneses no tuviera el más mínimo interés al lado de lo conseguido para «sus centros», los que sí cuentan. Como si la Administración solo representara a sus centros y no a toda la educación aragonesa.

La cuestión es bien sorprendente, justo en un curso escolar en el que, tras el reciente proceso de escolarización, se puede hablar de un éxito rotundo de la enseñanza concertada. Podríamos poner muchos ejemplos. Pero por no hablar de oído, ya que la Administración educativa guarda celosamente los datos que no le interesa que se conozcan, me referiré a uno que puedo constatar de manera fehaciente.

En nuestro barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, hubo en el mes de abril 200 solicitudes de escolarización para 1º de Infantil, de las que casi la mitad (97) correspondieron al Colegio Santo Domingo de Silos. Las 103 restantes se repartían entre los 4 colegios públicos que se ubican en el barrio: Julian Sanz Ibáñez, Marcos Frechín, Torre Ramona y Las Fuentes. Es decir, la mitad de la población de las Fuentes con hijos en edad escolar elige la Concertada. Y esto si contar las solicitudes de Marianistas Bajo Aragón, pero eso sería ya otra cuenta.

Cabe aducir muchas y variadas razones que expliquen el fenómeno, y seguramente cada cual nos aferramos a las nuestras. Por eso no voy a entrar en un ejercicio ingenuo de arrimar el ascua a mi sardina. Sólo diré que la Administración está seriamente preocupada por este hecho, y lo entiendo. Tal es así que hace ya mucho tiempo está tomando decisiones de calado siguiendo una doble estrategia:

Primero, gastando más fondos públicos en la Pública. Muchos fondos. De hecho, ellos mismos presumen a todas horas de lo que se han gastado en educación en estos tres años de legislatura: construcción de más colegios, financiación de programas educativos privativos de la pública, apertura de escolarización anticipada gratuita de alumnos de dos años, reducción de la carga lectiva del profesorado de la pública, mejor tratamiento laboral de los profesores interinos de la pública … Por perras será, que dicen en mi pueblo.

Segundo, copiando el modelo de éxito de la Concertada. Qué, si no, significa la puesta en marcha de los «centros integrados»,  donde, además de la evidente razón de un mejor aprovechamiento de los espacios escolares para hacer frente a la fluctuación de las necesidades de escolarización, lo que en el fondo se persigue es la reproducción del modelo de la concertada en el que los padres ven gran ventaja en que sus hijos estén escolarizados en el mismo centro en todas las etapas educativas sin tener que salir a los doce años al instituto. Les ha costado darse cuenta. Nosotros, satisfechos de que nos copien si eso redunda en la mejora del sistema educativo aragonés.

Lo mismo cabría decir de esos incipientes y tímidos contratos de profesores en el mundo rural por tres años, conocedores como son de que uno de los puntos fuertes de la Concertada es la estabilidad de las plantillas y, por tanto, de los proyectos a medio y largo plazo y la cohesión en el tiempo de los equipos docentes.

Sigan por ese camino, que van bien.

Pero no se engañen. Hay un punto diferencial que es imposible trasladar a la pública y que tiene que ver con nuestra visión del ser humano y del mundo. Se trata del carácter católico de nuestros centros. Y como de eso ustedes no quieren ni oír hablar y, en todo caso, piensan que se trata de una cuestión que cuenta muy poco en la elección de centro, entiendo que finalmente, ante la sospecha de que con todo lo que están inventando y con todo el dinero del contribuyente que están dilapidando no van a obtener los resultados deseados, lo que pretendan es ni más ni menos que acabar con la legalidad vigente y borrar de un plumazo el criterio de la «demanda social» del artículo 109.2 de dos leyes orgánicas (la LOE y la LOMCE) y, quien sabe, si un día, con la ayuda necesaria de otros socios para tal empresa, eso sí, reformar el artículo 27 de la Constitución Española para que ya nunca, por siempre jamás, se pueda invocar en estas tierras el principio de la libertad de enseñanza.

Mientras tanto tendrán que seguir aguantándonos y soportando con resignación el éxito de la Concertada.

Conociéndolos como los conocemos, acierto a entender el interés del Gobierno por hacer desparecer del artículo 109.2 de la LOMCE el criterio de «demanda social» cuando de lo que se trata es de la programación educativa que compete a los poderes públicos. Es, al parecer, la reforma estrella en educación que va a proponer el nuevo gobierno de la nación por iniciativa de su ministra Isabel Celáa.

Acierto a entender también que tanto para el partido que gobierna como para los que le han aupado a ese gobierno, las demandas de la sociedad, salvo las que ellos reconocen como legítimas, claro está, no signifiquen nada. Y que quieran a toda costa fulminar cualquier resistencia ciudadana que no comparta sus intenciones totalitarias.

Lo que no entiendo es que se pueda suprimir sin más este criterio del 109.2 sin afectar al 109.1, que habla precisamente de armonizar dos exigencias: «En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales». Si suprimimos uno de los dos elementos ya no hay nada que armonizar, solo queda la garantía del derecho de todos a la educación pero desparecen los derechos individuales.

Así como tampoco entiendo que personas tan conocedoras de la legalidad se aventuren en un empeño que a todas luces atenta contra el artículo 27 de la Constitución española. No hace falta ser un experto en leyes para darse cuenta.

Pero lo que no me cabe en la cabeza de ninguna manera es la falacia en la que sigue incurriendo nuestra consejera de educación, Mayte Pérez, cuando afirma sin inmutarse que «la Lomce permite dar prioridad a la demanda social sobre la planificación de las administraciones» (entrevista en Heraldo de Aragón, domingo, 9 de septiembre). Que esto no pasaba antes de que el PP llegara al gobierno.

Pues bien, señora consejera, me permito transcribir literalmente la normativa legal, es decir, el artículo 109.2: «Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social«.

Con la advertencia, claro está, de que este texto que acabo de citar es de la LOE (2006), aprobada bajo el impulso de un gobierno del PSOE. Texto legal que la LOMCE (2013) no ha modificado ni en una coma. LOE y LOMCE dicen exactamente lo mismo. Usted mismo lo puede comprobar, señora consejera.

Por cierto, que yo sepa, los juzgados todavía no han interpretado que los derechos de las familias son lo primero porque aun no tenemos sentencias sobre el proceso de renovación de conciertos. De momento solo hay algunas medidas cautelares. Cuando se produzcan esas sentencias hablamos. Pero estoy seguro que ni los juzgados se atreverán a decir que los derechos de las familias son lo primero y el único criterio a considerar, ni creo que fundamenten sus sentencias en el artículo 109 citado, sino más bien en los mismos principios constitucionales y, por ende, en la arbitariedad con la que actuó el Gobierno de Aragón en este asunto.

Y, si no, al tiempo.

Comparto esta reflexión de Escuelas Católicas que viene  a recordarnos la decisiva importancia del Tribunal Constitucional en la interpretación del espíritu de la Constitución y pone de manifiesto cómo muchas de las propuestas con las que algunos partidos políticos buscan la desparición progresiva de la enseñanza concertada sencillamente no se ajustan a la ley.

Y como seguramente la noticia de la interposición de los recursos en 2014 tendría en su momento mucha más cobertura mediática que la que ahora ha tenido la sentencia del Constitucional, me hago eco de la misma trayendo a mi blog este artículo de Luis Centeno.

https://www.blogec.es/un-paso-mas-en-la-defensa-de-la-libertad-de-ensenanza/#more-1389

Cuando todavía no ha concluido el proceso de escolarización en Infantil y Primaria, ni se han apagado los ecos del éxito de la escuela concertada por el número de las solicitudes recibidas en Aragón para el próximo curso, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón sigue a lo suyo.

Acaba de aparecer la Orden por la que se convoca a los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón a desarrollar planes de Innovación educativa. La convocatoria está dotada con 100.000,00 €.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018992884848

Y como quiera que en el preámbulo de la misma se invoca nada más y nada menos que «el plan de innovación, promovido desde el interior de la comunidad educativa y que debe alcanzar a todos los sectores de la misma, debe procurar el fomento de cambios organizativos, pedagógicos y metodológicos en los centros escolares que contribuyan al trabajo en equipo, cohesionado y colaborativo. Así, hará posible la participación activa de todos los sectores que intervienen en la vida de la comunidad en el diseño de la intervención educativa innovadora con el fin de facilitar el progreso educativo y la mejora en los aprendizajes de los alumnos».

Y dado que, a simple vista, la convocatoria solo contempla a «los centros docentes públicos», hemos de entender el resto o que nuestros centros privados no constituyen comunidades educativas o que nos hemos de considerar excluidos de la comunidad educativa aragonesa. Aunque a lo mejor es que el Departamento cree que nuestros centros no necesitan del «impulso de prácticas innovadoras en relación con las metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan la autonomía del alumnado y faciliten la adquisición de las competencias clave».

Eso…,

o que la próxima semana sale una nueva orden con una convocatoria diferenciada para los concertados. Seguramente, eso será.

Quedamos a la espera.

El pasado jueves nos reuníamos en el Seminario de Zaragoza un nutrido grupo de sacerdotes con ocasión del programa de formación permanente del clero. Personalmente felicito a los organizadores por lo oportuno de la reflexión, la laicidad, y por la elección del extraordinario ponente que nos acompañó, D. Rafael Díaz-Salazar.

El profesor Díaz-Salazar es conocido en las ciencias sociales españolas y latinoamericanas por su contribución a la renovación de la sociología de la religión, una ciencia viva que, evidentemente, no tiene cabida en las mentes de quienes ponen su ideal de laicidad en la reclusión de las religiones al ámbito de lo privado.

De lo escuchado ese día, me interesan especialmente dos cuestiones: la necesidad de seguir avanzando en España en el diseño de una sociedad laica fundamentada en el respeto, y la consideración de la laicidad como un signo de los tiempos para la Iglesia.

Esta segunda cuestión constituye una decisiva clave pastoral para enfocar correctamente qué queremos decir con la expresión «Iglesia en salida». Una Iglesia misionera que se precie tendrá que aceptar de buen grado que el de la laicidad es el contexto en el que tiene que desarrollar su misión. Osea, como Jesús: en los caminos, en las aldeas, entre la gente. Y, sin embargo, ya véis: toda la atención para la pastoral parroquial. Como si por un momento nos hubiéramos olvidado de que nuestro campo de evangelización es el mundo.

Además, los cristianos nos tendremos que acostumbrar a promover la laicidad, lo que implica la defensa del pluralismo y de la libertad religiosa como un valor de primer orden para nuestra sociedad. Y, al mismo tiempo, exigir al estado neutralidad ideológica y religiosa. Al hacerlo, no estamos pensando solo en nuestros intereses, sino en los de una sociedad en la que somos y nos sentimos ciudadanos de pleno derecho. La cuestión es si la religión es buena o no para la cultura de un país o es solo un bien de consumo interno para los creyentes. Se trata de descubrir y de creer o no en la relevancia antropológica, moral y cívico-política de la religión para nuestras sociedades modernas. Y por eso existe precisamente una ciencia que se denomina Sociología de la Religión. Una ciencia que, más allá de nuestro antiguo plan de estudios de teología, nos interpela tanto a los que desde posiciones de Iglesia desconfiamos de la laicidad, como a los que movidos por ataques de histeria fundamentalista consideran a las religiones como la causa de todos los males sociales y orientan sus objetivos a que desaparezca del espacio público.

Termino con una cita de Norberto Bobbio que bien puede resumir la entraña de una nueva actitud a cultivar unos y otros:

«He aprendido a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de cualquier conciencia, a entender antes que a discutir, a discutir antes que a condenar»

La laicidad, un signo de los tiempos.

No existe orientación educativa que se precie que no ponga al alumno en el centro de la misión institucional.

Celebrábamos el miércoles pasado en el Colegio Santo Domingo de Silos una eucaristía por los miembros de la comunidad educativa fallecidos durante el último año. En nuestro centro no lo hacemos nunca a título particular, sino que promovemos este momento de encuentro comunitario en el mes de noviembre, en fechas cercanas a la de la muerte de nuestro fundador, D. Julián Matute Hervías (20/11/1990). Reunir a la comunidad educativa solo lo podemos hacer en señaladas ocasiones; por eso, es un testimonio de fe que una de ellas sea precisamente para recordar a nuestros difuntos y pedir por ellos, al mismo tiempo que acompañamos a sus familiares y amigos. Y es que la comunidad educativa tiene algo de familia.

En momentos así siempre me pregunto por qué nos cuesta tanto en la práctica docente considerar la muerte de las personas cercanas como un relevante contenido educativo. Tarea ineludible de la escuela es la de preparar profesionales y educar ciudadanos que aporten sus conocimientos y su persona al bien común. Pero tarea suprema e irrenunciable de la misma es forjar al hombre y a la mujer del mañana. Educamos para la vida, no nos cansamos de repetir, y, sin embargo, eludimos descaradamente la muerte, como si nada tuviera ésta que ver con la vida, con las experiencias fundantes de amor por los nuestros o con el sentido de la existencia. Propongo incorporar la muerte como contenido imprescindible del currículo.

Los que se han ido, siguen viviendo en nosotros en el amor que les tenemos. Su memoria pervive en nosotros porque, de algún modo, cada uno somos un poco lo que la relación con los demás nos ha ido haciendo. Por eso, cuando el otro ya no está, algo suyo ha quedado en mí. Y no solo el sentimiento; me atrevería a decir incluso que su misma misión personal. Es como si formáramos parte de una y única tarea compartida que se mantiene viva gracias a la contibución de sucesivas generaciones. Queda entonces ahora bajo mi responsabilidad la misión sagrada de seguir trabajando por el bien de los que vendrán. Es el honroso legado de los que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Su memoria pervive en nosotros y, a través nuestro, la originalidad de su ser irrepetible perdura en el mundo.

La responsabilidad de seguir adelante con el testigo de la misión, sin embargo, no puede sostenerse sin el dedicido empeño por el cuidado de uno mismo. Son muchas las personas que, ante la muerte de un ser querido, sucumben a la tentación del abandono personal y de la desesperanza. La experiencia les rompe de tal forma que ya no vuelven a ser los mismos. Qué duda cabe que son situaciones que requieren la ayuda de los otros, muchas veces la de un profesional. El duelo tiene sus tiempos, pero la dura tarea de reconstrucción personal no sucede por el mero paso del tiempo, sin uno poner de su parte. Pues bien, nada de eso sería posible sin la inestimable ayuda de la fe ni la imprescindible experiencia del amor. Para los que creemos en Jesús, la muerte solo tiene sentido si la miramos a la luz de la mañana de resurrección. Y el ser interno de las personas solo renace y se recrea por un amor que es más fuerte que la muerte, y ése solo puede provenir del que Él mismo es amor.

José Luis ha encarnado el amor de Dios en su vocación por la educación. Al recordarle y pedir por él, junto con el resto de los difuntos de la comunidad educativa, damos gracias a Dios por su vida y acogemos con renovado ánimo su legado en favor de la educación cristiana de las nuevas generaciones.

Discrepo totalmente de las críticas vertidas por los grupos de la oposición contra la iniciativa del Departamento de Educación de enviar una carta postal a los padres de los alumnos de los centros públicos y los sostenidos parcialmente con fondos públicos. Sí, ya sé que las cartas son distintas para unos y para otros, aunque las dos pretendan el mismo objetivo electoralista.

Tampoco se me escapa que las únicas cifras económicas que ofrece el Departamento de cada colegio son las que recibe de la Administración, pero nada refleja de los gastos a los que cada colegio tiene que hacer frente. Y eso que también son cifras oficiales, que les constan fehacientemente, ya que año tras año hemos de presentar las correspondientes justificaciones de gasto aprobadas por el Consejo Escolar.

No se me pasa por alto el detalle de que el capítulo principal es el de las nóminas y seguridad social del profesorado, sabiendo, como sabemos, que ese dinero no pasa por el colegio, sino que directamente es abonado por la Administración a los profesores en lo que se conoce como «pago delegado».

Obviaré también la circunstancia que se está comenzando a presentar tanto en los centros como en la propia inspección de educación, pues como la consejera dice que «en ningún caso el colegio donde estudian sus hijos puede percibir cantidades de las familias», ahora a los padres les surgen dudas de si tienen que pagar el comedor, la atención matinal o el material complementario, y hasta algunos han decidido dejar de pagar los servicios complementarios en el convencimiento de que la DGA abonará todos esos conceptos al Centro.

Podría seguir.

Pero en medio de todo este despropósito me consuela saber que el Departamento de Educación ha iniciado una política de transparencia en la explicación a la ciudadanía de cómo se gasta el dinero público. ¡Por fin vamos a saber cuánto nos cuesta la enseñanza pública! (la asociación de padres FECAPA ya lo ha solicitado oficialmente).

Señores de la oposición, no critiquen tan alegremente la gestión del Gobierno, que la intención es buena. Cierto es que habremos de tener todos un poco de paciencia con ellos por estos primeros balbuceos, al fin y al cabo se trata de un camino hasta ahora inexplorado. Porque si todo esto conduce a un mejor conocimiento de la utilización de los recursos públicos en educación, habrá merecido la pena.

Es cuestión de transparencia

Los primeros días de noviembre marcan el calendario escolar de nuestros centros porque es justo ahora cuando hemos de presentar a la Administración la Programación General Anual (PGA), en este caso la del curso 2017-18.

Se trata de un documento institucional complejo, tanto por la variedad de puntos que contempla como por las personas y órganos escolares que intervienen en su elaboración: objetivos, estrategias, planes de mejora, organización, formación del profesorado, evaluación…

Los equipos directivos, a partir de la memoria del curso anterior, nos hemos de emplear a fondo durante los dos primeros meses de curso en la ineludible tarea de organizar el centro. Fecha tope, el 20 de octubre.

Por eso nos ha sorprendido tanto en esta ocasión que el Departamento de Educación nos requiriera para que antes del 7 de septiembre, transcurridos tan apenas cuatro días habiles de curso, le presentásemos por adelantado uno de los 14 puntos de los que consta la PGA: el relativo al Plan de actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios. La pretensión es bien insólita, por cuanto ese plan no deja de ser un punto que cuelga necesariamente de la programación curricular principal y, por tanto, no se puede definir sino después de haber fijado ésta. Elemental razón pedagógica.

Cabría interpretar este celo de la Administración como la muestra de un repentino interés por lo pedagógico. No se hagan ilusiones. La verdad es que el mencionado plan es el único apartado de la PGA en el que aparecen cifras económicas: las de los precios de las actividades y los servicios que el Consejo Escolar del Centro aprueba. Lo primero de todo los precios, «que estos de la concertada, ya se sabe». De los otros 13 puntos «ya nos ocuparemos más adelante», debieron pensar. De momento, control preventivo.

Todo esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque tras la errática maniobra descrita se adivina, una vez más, la razón política. Después de lo acontecido en primavera con ocasión de la renovación de los conciertos y en verano, tras la aprobación del incremento del presupuesto autonómico para la concertada gracias a la abstención de Podemos, ya no nos sorprende el pago de este tipo de peajes. ¿Qué sentido tiene, si no,  exigirnos algo que contradice el sentido común y el rigor en el trabajo docente? Ninguno, salvo el de la razón política. La política tiene razones que la pedagogía no entiende.

Cuando en el mes de abril, la Directora provincial comunicó a la Comisión de conciertos el número y el nombre de los colegios a los que se les iba a reducir el concierto, no se presentó ni un solo informe técnico por parte de la inspección educativa que aconsejara esa medida. Se impuso una vez más la razón política.

En un tiempo en el que se hace más necesaria que nunca la dignificación del ejercicio de la política no vendría mal recordar que, además del tremendo problema que representa la corrupción en lo público, nuestra sociedad se enfrenta también a la insoportable y permanente intromisión de la razón política en el ámbito de las libertades ciudadanas y de la sociedad civil. La lucha por limitar y poner freno a esa pretensión totalitaria será en los próximos años la máxima expresión de la defensa de nuestro sistema democrático.